Del concepto jurídico y la funcionalidad del fraude procesal en el Derecho Penal Colombiano

Abstract

El fraude procesal como institución jurídica ha llegado al ordenamiento para darle fiabilidad y confianza a la ciudadanía de que las decisiones judiciales y administrativas deberán ser corregidas si estas están viciadas de nulidad por la conducta dolosa de su autor de obtener ventajas o beneficios para sí mismo o para un tercero por medio de una sentencia judicial, acto administrativo o por la mera conducta de realizarla. Es por ello que como uno de los resultados del análisis jurídico que se realiza en el presente ensayo respecto de lo que se conoce como la institución jurídica del fraude procesal, empero, desde el enfoque estricto del Derecho Penal Colombiano, es la notoria e importante evolución jurídica del Derecho mismo sobre lo que se puede ir identificado en la conducta social y su constante. Esto, reforzado por la idea de que si bien la figura jurídica sub examine es relativamente joven respecto de otras figuras jurídicas, esta ha servido como una máxima de optimización de nuestro ordenamiento jurídico, haciéndolo mucho más garante a la hora de dictaminar (i) la forma en la que no sólo la conducta de buena fe que deben tener los ciudadanos cuando acceden a los servicios públicos –sean judiciales o administrativos-, sino también (ii) la manera en la que deben actuar los operadores públicos conforme a un marco normativo determinado y específico para los casos presentados.

Procedural fraud as a legal institution has been incorporated into the legal system to provide reliability and confidence to the citizens that judicial and administrative decisions will be rectified if they are tainted by the intentional misconduct of their author, aiming to obtain advantages or benefits for themselves or a third party through a judicial sentence, administrative act, or even by merely carrying it out. Therefore, as one of the outcomes of the legal analysis conducted in this essay regarding what is known as the legal institution of procedural fraud, particularly from the strict perspective of Colombian Criminal Law, it is evident the significant legal evolution that the Law itself has undergone, which can be identified in social behavior and its constancy. This is reinforced by the idea that although the aforementioned legal concept is relatively young compared to other legal concepts, it has served as a maxim of optimization within our legal system, making it more protective when determining (i) not only the good faith behavior that citizens must exhibit when accessing public services—whether judicial or administrative—but also (ii) the manner in which public officials must act in accordance with a specific and determined legal framework for the cases presented.