Desde hace casi un siglo, la contaminación generada por la industrialización empezó a ocupar las agendas de la política ambiental en los países desarrollados. Con la introducción de la energía nuclear el problema se trasladó a los residuos y, con la masificación de los productos que agotan la capa de ozono, otra preocupación se añadió a la lista. De unas décadas para acá, el cambio climático se situó en los primeros lugares de la agenda pública, junto con la deforestación, la minería y la pérdida de biodiversidad, entre otros factores de deterioro ambiental. Como resultado de este cúmulo de factores, nuestra sociedad y el ambiente atraviesan por un escenario de riesgos que le sitúan en un momento crítico, en el que se hacen notorios los daños reversibles e irreversibles ocasionados y en donde las decisiones que desde ahora se adopten para mejorar esta situación, marcarán las futuras condiciones de vida de las generaciones venideras. En este contexto, la gestión del riesgo y la innovación ambiental se erigen como un imperativo para el Estado y para el sector privado. Prueba de ello es la implementación de políticas que fomentan el desarrollo de metodologías, dispositivos y proyectos para monitorizar los riesgos. De igual modo se generan incentivos a quienes desarrollen productos, procesos y servicios que sean una apuesta a la sostenibilidad o que mitiguen impactos ambientales negativos asociados a la actividad económica de donde provienen.