Aborto en Colombia: omisión legislativa o extralimitación en el ejercicio de control constitucional
Autor
Arce Vallecilla, Luisa Maria
Institución
Resumen
La Corte Constitucional de Colombia desempeña un papel importante en el reconocimiento de derechos, especialmente en el tema de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esto se basa en la Constitución de 1991, que establece derechos fundamentales para los ciudadanos, incluyendo el derecho a determinar el número de hijos, lo que ha llevado a decisiones relevantes en relación con el aborto.
La Sentencia C-355 de 2006 fue un hito en la despenalización del aborto en Colombia. La Corte Constitucional amplió la despenalización en casos específicos, argumentando que la prohibición total del aborto violaba los derechos fundamentales de las mujeres. Utilizó la interpretación extensiva para cumplir con mandatos constitucionales y permitió el aborto en tres causales, sin reducir las sanciones penales, sino exonerándolas taxativamente.
En 2022, la Sentencia C-055 de 2022 amplió aún más los derechos al declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 122 del Código Penal, permitiendo el aborto hasta la semana 24 de gestación sin alegar una causa específica y manteniendo las tres causales de la sentencia anterior. Esta decisión se ve como un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Sin embargo, algunos críticos la ven como un “totalitarismo jurídico” y “dictadura constitucional”. A pesar de estas críticas, se argumenta que esta decisión se basó en una transformación jurisprudencial, considerando el derecho a la salud como un derecho fundamental
autónomo y cumpliendo con los compromisos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En cuanto a la función legislativa, la Constitución asigna al Congreso de la República la tarea de legislar. A pesar de las exhortaciones de la Corte Constitucional, este ha omitido cumplir con sus funciones frente al caso concreto del aborto, lo que ha creado inseguridad jurídica.
En resumen, la Corte Constitucional de Colombia ha desempeñado un papel significativo en el reconocimiento de derechos relacionados con el aborto. Aunque el Congreso debería ser el encargado de legislar sobre este tema, su omisión ha llevado a que la Corte intervenga para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.