La Constitución Política de 1991 permitió en su artículo 116 que los particulares pudiesen ser investidos de jurisdicción como en los casos de árbitros y conciliadores, a pesar de que esta investidura quedó limitada a ciertos aspectos de temporalidad y de poder que poseen los jueces de la República de Colombia. En ese sentido, el conciliador en ejercicio de su jurisdicción temporal puede examinar la comparecencia de las partes y establecer si éstas se encuentran facultadas para disponer del derecho controvertido. El objeto del presente trabajo es determinar, mediante la metodología del análisis crítico, la revisión bibliográfica y documental, si el agente oficioso puede reunir los requisitos de parte en la audiencia de conciliación. Se llega a la conclusión que por ausencia de atribución legal y en virtud de su naturaleza jurídica el agente oficioso no puede ser considerado como parte en la conciliación extrajudicial.The Political Constitution of 1991 in its article 116 states that individuals could be endowed with jurisdiction to perform as arbitrators and conciliators, despite the fact that this endowment was limited to certain aspects of time and power held by Colombian judges. In this sense, it shows how the conciliator in the exercise of his jurisdiction may examine how the parties appear and whether they are entitled to dispose of the disputed right. The purpose of this paper is to determine, through the methodology of documentary review, bibliography and critical analysis if the officious intermeddler can meet the requirements to represent a party at the settlement hearing. The study concludes that due to the absence of legal attribution and by virtue of the legal nature of the officious intermeddler, this one cannot be considered as a party in the extrajudicial conciliation.