En este trabajo se estudia el estado actual del derecho marítimo colombiano tomando como epicentro el Decreto Ley 2324 de 1984, el de mayor actualización y proyección en Colombia, sin desestimar la importancia del Estatuto de Puertos de 1991. Se tiene en consideración la perspectiva sistémica que hoy se prodiga en torno al mar en el país, la cual pretende incorporar bajo la única égida de la Dirección General Marítima -DIMAR-, investigaciones oceanográficas, explotación de recursos naturales de suelos y subsuelos, manejo y preparación de fenómenos metereológicos marinos, contaminación, gestión de aguas, y lo que en especial atañe al trabajo presente, accidentes o siniestros marítimos. Igualmente la referencia de los convenios internacionales suscritos por el país. De hecho la actividad y la legislación marítima están estrechamente relacionadas con otros elementos del sistema nacional e internacional, convergiendo a nivel jurídico áreas administrativas, comerciales, penales, constitucionales, constituyéndose así en un gran reto para nuestros juristas y centros de educación superior. Se demandan estudios consistentes y continuados que aborden y escruten alcances y limitaciones de la legislación nacional en su pretensión de respaldar el sistema, especialmente en el marco del Tratado de Libre Comercio, en donde el mar y los puertos juegan un papel preponderante. La jurisprudencia generada por nuestras Altas Cortes corresponde a un material de primer orden. Si bien han ponderado el significado de la codificación de 1984, también denuncian sus debilidades. En los litigios el Estado resulta casi siempre perdedor por desconocimiento del derecho, por errores de procedimiento y otras debilidades. En este trabajo se contemplan tales eventualidades bajo la óptica del mencionado sistema, y sobre todo particularizando en casos atendidos por dichas corporaciones. Asimismo se cursan recomendaciones concretas, destacando en especial la necesidad de que los jueces marítimos adquieran la importancia que en cambio sí tienen en países de avanzada.In this paper, the current state of Colombian maritime law is studied, taking as its epicenter Decree Law 2324 of 1984, the most updated and projected in Colombia, without underestimating the importance of the 1991 Ports Statute. The systemic perspective Today it is lavish around the sea in the country, which aims to incorporate under the sole aegis of the General Maritime Directorate -DIMAR-, oceanographic investigations, exploitation of natural resources of soils and subsoils, management and preparation of marine meteorological phenomena, pollution, water management, and what especially concerns present work, accidents or maritime claims. Likewise, the reference of the international agreements signed by the country. In fact, maritime activity and legislation are closely related to other elements of the national and international system, converging at the legal level administrative, commercial, criminal, constitutional areas, thus becoming a great challenge for our jurists and higher education centers. Consistent and continuous studies are demanded that address and scrutinize the scope and limitations of national legislation in its attempt to support the system, especially within the framework of the Free Trade Agreement, where the sea and ports play a preponderant role. The jurisprudence generated by our High Courts corresponds to a material of the first order. While they have pondered the meaning of the 1984 codification, they also denounce its weaknesses. In litigation, the State is almost always the loser due to ignorance of the law, procedural errors and other weaknesses. In this work, such eventualities are contemplated from the perspective of the aforementioned system, and above all by specifying in cases attended by said corporations. Likewise, specific recommendations are made, especially highlighting the need for maritime judges to acquire the importance that they do have in advanced countries.