Archivos computacionales - PDF - Tesis digitalesEl 03 de enero del año 2006 se incorpora dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, por medio de la Ley N° 20.087, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales del trabajador frente a una eventual vulneración de los mismos en el ámbito de la relación laboral, teniendo en consideración que los derechos del trabajador (que emanan de su calidad de ciudadano), “no pueden ser rebasados por órdenes, instrucciones o reglamentos del empleador” Una de las grandes discusiones que ha surgido en la última década en materia administrativo-laboral, en relación al procedimiento de tutela laboral, es si el funcionario público –y en particular, para efectos de esta memoria, el servidor a contrata-, detenta la calidad de sujeto activo para interponer esta acción que se encuentra regulada por el Código del Trabajo, toda vez que por una parte, si bien la ley no señala de manera expresa su aplicación a aquellos que se desempeñan en la Administración del Estado, de la misma Historia de la Ley N° 20.087 se desprende que el espíritu y objetivo de esta norma es otorgar un mecanismo jurídico de defensa para todos aquellos que se encuentran bajo un vínculo de subordinación y dependencia, pues los ciudadanos poseen derechos asociados al empleo remunerado que desarrollan, independientemente del lugar donde se ejerza y de quién sea el empleador, y; por otra, debe tenerse en consideración al momento de determinar el ámbito de aplicación de este procedimiento, los principios de igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria y la transitoriedad que caracteriza al empleo a contrata.Incluye notas a pie de páginaBibliografía: hojas 83-88Memoria (Licenciada en Ciencias Jurídicas) -- Universidad de Tarapacá, Arica, 2020