Resumen: La emergencia del Estado ambiental de derecho ofrece un nuevo escenario con respecto a la función judicial, la cual, lejos de limitarse a aplicar las normas de manera mecánica, es activa y cuenta con poderes normativos amplios. Esta caracterización invita a reflexionar sobre dos problemas en particular: por un lado, una amplia libertad del juez puede llegar a ser un riesgo para la institucionalidad del derecho y el esquema de división de poderes; por el otro, puede vulnerar las garantías constitucionales de los ciudadanos. El propósito de este trabajo es discutir estos problemas. Se buscará argumentar a favor de la tesis de que las prácticas judiciales proactivas caerían prima facie en un activismo justificado siempre que se respeten ciertos límites (procesales y relativos a la organización estatal) y exista un compromiso serio con los derechos humanos, la defensa del bien colectivo del ambiente y la realización de la justicia ambiental.