El diálogo judicial entre la Corte IDH y los tribunales constitucionales: tensiones frente a la interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Abstract

Las sentencias de los casos López Mendoza vs. Venezuela (2011) y Petro Urrego vs. Colombia (2020) proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) generaron una tensión con los tribunales constitucionales de estos Estados. Esta tensión se ha producido debido a que la Corte IDH ha señalado que solo un juez penal es el competente para restringir derechos políticos electorales en contraste con la posición de los tribunales constitucionales de Colombia y Venezuela que han sostenido que las autoridades administrativas también son competentes para restringir los derechos políticos de una persona. Este trabajo busca analizar cómo se ha desarrollado el diálogo judicial entre la Corte IDH y los tribunales constitucionales de los Estados condenados en los casos López Mendoza (2011) y Petro Urrego (2020) respecto a la interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH). Para ello, en el trabajo se emplea un análisis de caso a partir de las sentencias de la Corte IDH y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de Venezuela y Colombia que han determinado el alcance de la cláusula "condena, por juez competente, en proceso penal" contemplada en el artículo 23.2 de la CADH como una de las razones por las cuales los Estados pueden restringir derechos políticos. Esta investigación resulta útil para la comunidad jurídica y académica que quiera analizar el diálogo judicial desde el análisis de dos casos relevantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH).