A partir de dos sentencias contradictorias relativas a la imperatividad del mínimo de la pena legalmente establecido para cada delito, se analizan las distintas posturas acerca del rol de los jueces ante la posibilidad de apartarse del tope mínimo penal, las implicancias constitucionales que conlleva este apartamiento y las razones que habilitarían a hacerlo. El tope mínimo de la escala penal se torna irrazonable cuando su aplicación en el caso concreto constituye una grave desconexión entre el monto de la pena con los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la retribución por el delito. En tal caso, solamente mediante la declaración de inconstitucionalidad del tope mínimo penal puede el juez apartarse de lo prescripto por la ley.