Costa Rica perdía su cubierta forestal natural a razón de 50.000 ha/año en la década de los 70 como consecuencia de los diversos modelos de desarrollo implantados en el país. El Estado, preocupado por la tasa de deforestación alcanzada y por la necesidad de la conservación de sus recursos naturales, inicia desde 1979 un sistema de incentivos para el fomento a la reforestación con el fin primordial de asegurar la producción de materia prima para la industria y revertir ese proceso. Este sistema requirió una serie de ajustes que dieron como resultado diferentes tipos de incentivos. Entre los Incentivos Fiscales de Deducción del Impuesto sobre la Renta creados en 1979, y el Pago por Servicios Ambientales (PSA) aprobados en 1996, se identifican los siguientes: el Certificado de Abono Forestal (CAF), el Certificado de Abono Forestal para Pequeños Reforestadores (CAFa/CAF por adelantado), los Créditos Blandos, el Fondo de Desarrollo Forestal, el Certificado de Abono Forestal para el Manejo del Bosque(CAFma) Certificado para la Protección del Bosque (CPB), Certificado para la Conservación del Bosque (CCB) y el Pago por Servicios Ambientales (PSA). Gracias a este conjunto de incentivos, compensaciones y esfuerzos estatales por evitar la destrucción de los bosques nacionales, recuperar zonas degradadas y mejorar la producción forestal, hoy podemos decir que en Costa Rica se ha revertido el proceso destructivo de los bosques al pasar de una cobertura forestal en los 80 de 30,4 por ciento a un 45,4 por ciento en el 2001.