Hasta finales del año 2013, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) establecía una diferenciación en la tasa impositiva para los residentes de la Región Fronteriza. Lo cual, consistía en que los artículos y servicios gravados en dicha región causaban el 11por ciento de impuesto en lugar del 16 por ciento de gravamen establecido para el resto del país. El motivo de esta diferenciación se relaciona con la necesidad de equiparar las condiciones de competitividad del mercado nacional con la competencia de los comercios del otro lado de la frontera. Sin embargo, algunos actores de la política y empresariado en diferentes contextos han mostrado consistentemente preocupación por la homologación de este impuesto en todas las regiones del país. En principio, esto significaría, un incremento del 45 por ciento en la carga fiscal de los residentes en la Región Fronteriza. En adición a ello, ésta política recaudatoria puede alterar alguno de los principios sobre los que se sustentan las políticas de impuestos: la neutralidad, eficiencia, equidad horizontal y vertical, competitividad y simplicidad. (Fuentes, Brugués, Díaz, 2012) Para analizar y evaluar los impactos de medidas de esta naturaleza, se desarrolla un Modelo de Demanda, que permita estimar los posibles cambios en la demanda como consecuencia del incremento de los precios, traducido en una disminución del poder adquisitivo de la renta percibida en los hogares y por ende, en un impacto negativo en el bienestar social. Para el análisis se tienen en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), correspondiente al año 2012.