Las coyunturas nacionales e internacionales, derivadas de la interacción economía-tecnología-sociedad, parecen haber provocado un aumento significativo de la ineficiencia de los operadores de justicia tradicional en muchos países, además de incentivar la estructuración de nuevas modalidades de tratamiento de conflictos y controversias. El gobierno mexicano ha disciplinado tales formas alternativas de Justicia a través de Leyes específicas, priorizando algunos mecanismos, cuyos requisitos, características y principales obstáculos se exponen en este trabajo.