La dignidad humana representa desde la perspectiva social, jurídica y política, el imperativo categórico de nuestro tiempo, tal y como versa en el artículo nº 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948): «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». La persona tiene que ser contemplada desde el punto de vista holístico y reconocer que es un ser dotado de principios y derechos que lo deben proteger de cualquier arbitrariedad por el abuso del poder o situación de indignidad e iniquidad. Derechos y deberes que a lo largo de la historia se han conformado y positivado progresivamente, más sin embargo, no logra permear a los diversos estratos sociales y constituirse en forma integral, a pesar de ser norma común en las diversas constituciones del planeta. Epistemológicamente, la dignidad constituye un auténtico hilo conductor primario entre los ámbitos éticos, jurídicos y políticos. La dignidad humana se erige como el principio de los principios, el eje modulador de los criterios de justicia y legalidad. De la dignidad se genera la necesaria y responsable libertad que permite al hombre y a la mujer, ser seres en busca de su autenticidad, de su comprensión de ser seres-para-la-vida, capaces de autorrealizarse con esperanza y con miras a la convivencia armónica y justa. Una dignidad que no puede disociarse del principio de individualidad, y por ende, de su integridad, privacidad e intimidad. Fundamentos que a su vez no pueden ser separados de su relación existencial con-los-otros y con-el-ambiente, en una relación homeostática social y de supervivencia de la humanidad.