En la última década, el parámetro constitucional de protección del individuo se modificó sustancialmente. Se ha hablado mucho sobre un cambio de paradigma pero también de que éste no se ha materializado y no se conseguirá hasta en tanto no se cambien los mecanismos de actuación de las autoridades administrativas encargadas de cumplir las encomiendas normativas, y también, por supuesto, los criterios judiciales que tutelarán la que suceda lo anterior. La calidad en la prestación de los servicios públicos o en la producción de actos administrativos no es una actuación que se agote con su regulación normativa. Ésta se concreta con la modificación de parámetros de actuación, que pueden ser alcanzados desde nuevas instituciones jurídicas como la buena administración. Este trabajo de investigación aborda, como objetivo principal, explicar el desenvolvimiento de la buena administración en la actividad material de la administración a partir de postulados constitucionales de protección, promoción, fomento y garantía de los derechos humanos. Para ello se lleva a cabo un análisis hermenéutico que explique cómo la apropiación de la buena administración como principio de actuación administrativa es factible desde una perspectiva amplia de la reforma constitucional. La información surge de fuentes documentales como la legislación, la doctrina y la jurisprudencia.