En el caso de México, cientos de feminicidios al año pasan desapercibidos u ocultos bajo la etiqueta de asesinatos violentos. A pesar de contar con una clasificación clara tanto en Códigos Penales federales y estatales, el gobierno es incapaz de precisar sin margen considerable de error cuáles deben considerarse feminicidios y cuáles no. La falta en el debido proceso por parte de las y los servidores públicos es en parte responsable de la disparidad en cifras entre los feminicidios reportados por la sociedad civil y los que considera el Estado.