Este artículo tiene como objetivo analizar e impugnar los criterios que establecen el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) – actualmente asimilada al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)– y los programas gubernamentales que apoyan el turismo rural-indígena para dar cuenta de la población originaria en términos individuales y contraponerlos a los criterios a partir de los cuales se define una comunidad indígena, fuera de las dimensiones prácticas y vivas que permiten que sus especificidades perduren. Para ello, mostramos un panorama sobre los elementos que pueden abonar a una adscripción étnica desde la perspectiva antropológica-social y vivencial, en contraposición con los hallazgos de la Encuesta Intercensal 2015 y los criterios de los programas que subsidian el turismo rural-indígena. A la par, se señala la manera en que los pueblos originarios son nominados, clasificados y controlados en una relación estatalizada, que busca enajenarlos de su contenido sociocultural y político orgánico, con base en su participación en tales programas.