El artículo establece, a través de un análisis histórico, las principales condiciones para una auténtica nueva codificación en materia penal, a saber: a) cambio más o menos pronunciado en las valoraciones sociales acerca de lo permitido y lo prohibido, en un marco de estabilidad social y política; b) compromiso político del Gobierno de turno con la reforma (oportunidad política), y de los miembros de la Comisión Redactora del Proyecto (calidad personal); c) consenso básico en los redactores y el estamento jurídico en torno al modelo legislativo y la obra de referencia del proyecto codificador, que recojan las nuevas valoraciones sociales; y d) completitud del Proyecto. Se concluye que tales condiciones, apreciables en el proceso de codificación de 1870 a 1874, no se han dado conjuntamente en los intentos de codificación del año 1929 (Proyectos Ortiz-von Bohlen y Erazo-Fontecilla), 1938 (Proyecto Labatut-Silva), 1946 (Ministerio de Justicia) y 2005 (Foro Penal), lo que explica su fracaso.