Amenazas que enfrenta la reparación colectiva en Colombia y Perú

Abstract

El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar por qué las medidas de reparación en el marco de los programas de reparación colectiva por vía administrativa en comunidades del Oriente antioqueño (Antioquia) y La Mar (Ayacucho) priorizaron obras de infraestructura como proyectos para resarcir el daño colectivo causado por actores legales e ilegales en el marco del conflicto armado interno. Se trata de una investigación de tipo documental en la que se revisan distintos soportes que describen el proceso de reparación colectiva en los dos países. La información recolectada permitió establecer que las comunidades beneficiadas por la reparación colectiva en ambos países privilegiaron obras de infraestructura. En Colombia esto se da por la falta de criterios técnicos y económicos que les permitió a los beneficiarios seleccionar un alto número de acciones en el marco de las medidas de reparación. Situación distinta a la del Perú en donde el Estado las definió y limitó a un proyecto por comunidad. (Texto tomado de la fuente).

The objective of this work is to explain why the reparation measures taken within the framework of the collective reparation programs by administrative means in communities of Eastern Antioquia (Antioquia) and La Mar (Antioquia) prioritized infrastructure works as projects to compensate the collective damage caused by legal and illegal actors in the framework of the internal armed conflict. This is a documentary-type investigation in which different supports that describe the collective reparation process in the two countries are reviewed. The information collected made it possible to establish that the communities benefiting from collective reparation in both countries favored infrastructure works. In Colombia, this is due to the lack of technical and economic criteria that allowed the beneficiaries to select a large number of actions within the framework of reparation measures. Situation that differs from the one in Peru where the State defined them and limited them to one project per community.