El Estado como ente superior responsable, tiene la obligación de garantizar el bienestar social y redireccionar sus estrategias en caso de que los objetivos no se estén cumpliendo, en este sentido; para tales efectos su mano ejecutora, la administración pública, atraviesa una serie de cambios y reformas que pretenden garantizar la atención de los asuntos públicos pendientes, de manera que sus acciones sean cada vez más eficaces y eficientes.