| dc.description.abstract | El problema que motiva esta memoria se sitúa en la actualidad del sistema de protección
de la niñez en Chile. Si bien, las normativas y políticas públicas en torno a la vulneración
de niños y niñas se han modificado -movilizando distintos actores en la escena legal e
interventores en distintas áreas- las problemáticas suscitadas ya hace algunos años
mantienen su vigencia. A inicios del año 2017, Matías Marchant, escribe una columna en
Ciper Chile donde dice: “No, no es la crisis del SENAME. No es esa institución la que debe
ser acusada como el ente que es causa de las muertes y ejerce violencia sobre la infancia
de nuestro país… existe una violencia mucho más importante de una sociedad
profundamente dividida y cuyo pacto social está en entredicho” (Marchant, 2017). La
búsqueda de condenas y nombres propios tras los vejámenes a la niñez en el Servicio
Nacional de Menores deja tras de sí, oculta, una cara de la institucionalidad que hizo
emerger una multitud de diagnósticos en aquel tiempo. Existe tras de las fallas
institucionales, tras las condenas, los análisis y las opiniones, una deuda estructural, que
se traduce en la dificultad que las personas tienen para acceder a los distintos servicios
básicos y sociales, una grieta sobre la cual se sostiene la política pública desigual e
inequitativa. Hablamos de precariedad en el acceso a la salud, a la educación, la
desvinculación territorial y grupal, una dificultad al momento de enfrentarnos a la
restauración del vínculo necesario para el restablecimiento del lazo social. La violencia
intrafamiliar, así como la violencia multidimensional, no solo está situada en las calles,
barrios y poblaciones, aunque nos parezca redundante después de la revuelta social del
2019 y los resultados de las últimas elecciones, la violencia mantiene también un eslabón
poderosamente anclado a la desigualdad, culturalmente arraigada en nuestra sociedad, que
se expresa en las diversas formas de angustia y desamparo. | |
