Proyecto de Graduación
Análisis de impacto económico que ha generado los casos de corrupción en el sector descentralizado de salud durante la pandemia, en el Distrito Central
Autor
Kazla Karina Argentina Lopez Osorio Montecinos
Douglas Antonio Portillo Miranda
Ruth Nohemy Perdomo Perdomo
Resumen
¿Qué análisis y deducciones se puede hacer a partir de esta cronología en el contexto de la pandemia Covid-19? que se siguen produciendo retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, el alto porcentaje de los fondos destinados al combate de la pandemia Covid-19, han sido objeto de irregularidades y supuestos ilícitos relacionados con la corrupción, afectando los derechos humanos, en especial a la salud, los casos de corrupción que han sido conocidos públicamente por el trabajo anticorrupción que realizan organizaciones de la sociedad civil como el consejo nacional anticorrupción (CNA) y otras, ya que la aprobación de todo el dinero que debía utilizarse para compra de equipo e insumos médicos y de bioseguridad sufrió en su mayoría enajenación, y se desprotegió el desarrollo de proyectos como el apoyo a los microempresarios, atender a adultos mayores y personas con discapacidad, adquisición de alimentos, fortalecimiento del servicio de agua, reactivación y bonos del sector productivo, bonos del sector cafetalero, para el sector transporte y para apoyo a las empresas del sector social de la economía, en consecuencia una vez generadas las denuncias de irregularidades y de corrupción en instituciones como la Secretaría de Salud y la comisión permanente de contingencias (COPECO). El monto que podría estar perdiendo el Estado por la corrupción en el contexto de la pandemia de la Covid-19, construido a partir de las denuncias de corrupción, podría estar llegando a miles de millones de lempiras. Es en ese sentido es que el derecho a la salud tiene diversas dimensiones (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y de buena calidad); y al respecto de cada una de estas la corrupción ha tenido un gran impacto. Asimismo, mediante el desvío de recursos públicos, la corrupción imposibilita o dificulta que el Estado destine “el máximo de recursos disponibles” a esta área. Esto ha quedado demostrado durante la pandemia COVID-19, donde la corrupción ha impactado ese sector que enfrentó problemas de infraestructura, contratación de personal calificado, insumos biomédicos y medicamentos para atender las personas que resultaron contagiadas con el coronavirus. What analysis and deductions can be made from this chronology in the context of the COVID-19 pandemic? whereas setbacks continue to occur in the fight against corruption and impunity, the high percentage of funds allocated to combat the COVID-19 pandemic, have been subject to irregularities and alleged illicit activities related to corruption, affecting human rights, especially health, cases of corruption that have been publicly known for the anti-corruption work carried out by civil society organizations such as the CNA and others, since the approval of all the money was to be used for the purchase of medical and biosecurity equipment and supplies, and the support for projects such as support for microentrepreneurs, serving the elderly and people with disabilities, food acquisition, strengthening of the water service, reactivation and bonds of the productive sector, bonds of the coffee sector, for the transport sector and for support to companies in the social sector of the economy were unprotected, consequently once the denunciations of irregularities and corruption in institutions such as the Ministry of Health and COPECO. The amount that the state could be losing to corruption in the context of the COVID-19 pandemic, built on allegations of corruption, could be reaching billions of lempiras. It is in this sense that the right to health has several dimensions (availability, accessibility, acceptability and good quality); and in respect of each of these, corruption has had a great impact. Likewise, through the diversion of public resources, corruption makes it impossible or difficult for the State to allocate the maximum available resources to this area. This has been demonstrated during the COVID-19 pandemic, where corruption has impacted that sector that faced problems of infrastructure, personnel, biomedical supplies and medicines to care for people who were infected with the coronavirus.