La Ley 38 de 31 de julio de 2000 representó un avance sin precedentes para el desarrollo del Derecho Administrativo en Panamá. La falta, en su momento, de una norma de carácter general que regulara un procedimiento ante las Instituciones de Derecho Público, generaba confusión e inestabilidad en los procedimientos llevados a cabo por la Administración. La ordenación de un cuerpo normativo que, entre otras cosas, aglomerara los principios rectores del procedimiento administrativo, las disposiciones sobre el inicio, tramitación y terminación de los procedimientos, la interposición de los recursos, el Silencio Administrativo y el agotamiento de la vía gubernativa, representó, en su momento, una transformación en las actuaciones de la Administración Pública.La Ley 38 de 31 de julio de 2000 representó un avance sin precedentes para el desarrollo del Derecho Administrativo en Panamá. La falta, en su momento, de una norma de carácter general que regulara un procedimiento ante las Instituciones de Derecho Público, generaba confusión e inestabilidad en los procedimientos llevados a cabo por la Administración. La ordenación de un cuerpo normativo que, entre otras cosas, aglomerara los principios rectores del procedimiento administrativo, las disposiciones sobre el inicio, tramitación y terminación de los procedimientos, la interposición de los recursos, el Silencio Administrativo y el agotamiento de la vía gubernativa, representó, en su momento, una transformación en las actuaciones de la Administración Pública.