Resumen El nuevo marco legal que se instauró a raíz de la Constitución aprobada el año 2008 ha dado paso a un reconocimiento importante de derechos a las personas en Ecuador. No obstante, en la actualidad dentro del ámbito procesal podría ocasionar una vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos, a causa de la contradicción que se registra entre las normas que promueven el activismo judicial y las que impulsan el garantismo constitucional. En este contexto la metodología empleada en el presente estudio está dada bajo una investigación bibliográfica, la cual permitió establecer un esquema preciso del garantismo constitucional frente al activismo judicial, sobre todo en lo que concierne al debido proceso de la administración de justicia en el país. Por otro lado, también se utilizó el criterio de dos profesionales en el ámbito del Derecho para conocer más de cerca la situación actual del país en relación con las variables objeto de estudio. Finalmente, se puede establecer que las garantías constitucionales constituyen herramientas jurídicas que son utilizadas para de alguna manera evitar, frenar o enmendar la violación de cualquier derecho que se encuentre reconocido dentro de la Constitución, mientras que el origen del activismo judicial se remonta a la Edad Media, en donde el accionar mismo del Santo Oficio derivó en el otorgamiento de mayores concesiones a los jueces. Característica esta que aún continúa siendo uno de los fundamentos de la doctrina activista en los actuales momentos, obviamente, a través de argumentos diferentes a los adoptados por la Inquisición.