| dc.description.abstract | Chile es uno de los países con la economía más abierta y flexible del mundo (Biblioteca del
Congreso Nacional, 2018) y en esta apertura los puertos son un punto fundamental de
conexión. Si se considera además que en nuestro país la partición modal1 del comercio
exterior -por concepto de exportación e importación-, se realiza principalmente a través de
transporte marítimo (Observatorio Logístico, 2021), nuestro país depende del crecimiento
portuario (CEPAL, 2015).
Lo anterior, implica asumir tendencias y desafíos mundiales de esta industria, en cuanto a
recibir una mayor flota de naves y de mayores proporciones (OCDE, 2015). Por ello, se ha
configurado como política de Estado iniciar un nuevo ciclo de provisión de infraestructura
portuaria para la macro zona central del país que supere al menos los 6 millones de
TEU/año2
.
El desarrollo de infraestructura a gran escala implica cambios en el hinterland3
, que requieren
ser analizados de manera integral; en el sentido de desarrollar una infraestructura portuaria
que permita atender la demanda naviera mundial, abordando la convivencia y el diálogo con
las comunidades donde se inserta la infraestructura portuaria.
En nuestro país, no existe una política portuaria o un modelo de gobernanza de ciudad
portuaria que busque el desarrollo unísono de las ciudades y los puertos. De hecho, en
muchas ciudades, los puertos han crecido sin interactuar con la ciudad donde se encuentran
emplazados, a pesar de que los impactos negativos del crecimiento portuario (como la calidad
del aire, agua, ruido, olores y tráfico) se encuentran localizados y las externalidades positivas
de los puertos se extienden a nivel global (Merk, 2013). | |
