¿Hacia un modelo de (in)cumplimiento penal? Reflexiones a partir del delito de lavado de activos en Colombia

Abstract

La evolución de la estructura social y económica ha traído consigo la expansión legislativa del Derecho Penal Económico. En efecto, ante las nuevas dinámicas impuestas por la evolución de los mercados, el Estado ha reconocido la necesidad de actualizar las leyes, así como de tipificar nuevos delitos con el propósito de proteger el orden y los valores económicos y ético-sociales. No obstante, pese a los esfuerzos realizados, la complejidad social ha puesto en evidencia que el Estado no cuenta con las capacidades estructurales para asumir de manera eficiente los procesos de regulación, supervisión y sanción especialmente en el ámbito empresarial. Tal situación ha contribuido a la expansión de medidas preventivas de gestión de riesgo jurídico-penales, en principio más efectivas, como el Compliance. Aunque en el caso colombiano en la praxis legislativa en torno a delitos como el lavado de activos parece suficiente una política criminal que refuerce los mecanismos de prevención, ello desconoce que la utilidad y efectividad de un programa de cumplimiento, así como su valor procesal, dependen intrínsecamente del reconocimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

The evolution of the social and economic structure has brought the legislative expansion of Economic Criminal Law. Indeed, considering the new dynamics imposed by the markets, the State has recognized the need to update the laws, as well as to classify new crimes with the purpose of protecting order and economic and ethical-social values. However, despite the efforts made, social complexity has revealed that the State does not have the structural capacities to efficiently assume the processes of regulation, supervision, and sanction in the business sphere. This situation has contributed to the expansion of preventive legal-criminal risk management measures, in principle more effective, such as Compliance. Although in the Colombian case, in legal practice around crimes such as money laundering, a criminal policy that reinforces prevention mechanisms seems sufficient, this ignores the fact that the utility and effectiveness of a compliance program, as well as its procedural value, depend intrinsically on the recognition of criminal liability of legal persons.