En Espa?a la situaci?n legislativa sobre la responsabilidad de las personas jur?dicas en relaci?n con los hechos delictivos fue evolucionando en las ?ltimas d?cadas. Este acontecimiento termin? cuestionando o negando, abiertamente, el tradicional principio de la incapacidad de las personas jur?dicas para delinquir o para ser penalmente responsables de los delitos, a trav?s de los proyectos de Silvela en 1884 y Salda?a en 1994. El C?digo Penal de 1995 (Ley Org?nica 10 de 1995) represent? un paso importante respecto a los C?digos penales anteriores, al establecer de forma sistem?tica (y no aislada como hasta entonces), consecuencias jur?dicas del delito, aplicables a las personas jur?dicas, es decir, sin tener en cuenta las consecuencias accesorias como las penas.Universidad de Ibagu?