Este artículo indaga acerca de la manera en que la constitución chilena de 1818 reguló los conflictos entre las normas dictadas al alero de la constitución y el ordenamiento jurídico hasta ese momento vigente, mediante el uso de las figuras de la derogación y la continuidad jurídica. Esta carta fundamental reguló ambas figuras por medio de cláusulas de continuidad del Derecho vigente: el indiano, cuya aplicación por parte de los órganos legislativos se analiza en este artículo. De manera previa, se explica el carácter transaccional de esta norma fundamental, en el marco de la relación entre Derecho y revolución que marcará el siglo XIX.