Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de infraestructura puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.