Los daños punitivos fueron concebidos desde épocas de derecho medieval como una institución que tenía por finalidad sancionar a quienes ocasionaban daño a otro en razón a su posición de poderío, abusando de su derecho. Como contrapartida de tal sanción, la víctima del abuso era reparada bajo unos estándares que superaban la esfera del daño realmente sufrido. La evolución del derecho ha logrado que el principio del abuso del derecho permee los ordenamientos jurídicos y el sistema colombiano no ha sido la excepción. Así, el estatuto mercantil decide darle al abuso del derecho un contenido normativo, de forma que el artículo 830 del Código de Comercio entraña tal disposición en los siguientes términos” El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”. La relevancia de la norma citada, para los propósitos de este escrito, es fundamental para ayudarnos a precisar la forma de la reparación que hoy en día nos muestra la práctica jurídica, especialmente las facultades jurisdiccionales que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de cara a los perjuicios derivados del abuso del derecho, de forma tal que dicho abuso no solo tiene la reparación de los daños que se causen, en los términos propios de una sanción compensatoria, sino que a su vez puede traer como consecuencia la imposición de daños punitivos, concepto que desarrollaremos a lo largo de este escrito.