De acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Garzón-Memoria Histórica, los crímenes del franquismo no pueden ser investigados en España. La sentencia ofreció el ejemplo inusual de una jurisdicción penal nacional poco receptiva al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de vanguardia, que se vio forzada a pronunciarse en detalle sobre las construcciones progresistas del juez Garzón. Desde un punto de vista jurídico, la decisión es sumamente interesante debido al uso de cuatro estrategias judiciales que permitieron sortear todo tipo de razonamiento vanguardista: cierre, circunvención cronológica, interpretación errónea y reconocimiento parcial. Una aproximación comparativa de la utilización de estas estrategias que, a su vez, considere decisiones similares con relevancia transicional –principalmente de cortes nacionales latinoamericanas– puede ofrecer luz sobre la metodología empleada por los jueces nacionales en lo que respecta a la evaluación de las fuentes de Derecho Internacional. En este punto debe afirmarse que, a pesar de sus deméritos, la sentencia no puede calificarse meramente como chauvinista: subraya los límites inherentes a la comunicación transjudicial en materia de derecho penal internacional y apunta a una serie de incertidumbres que acompañan al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de vanguardia.