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Eficientismo jurídico penal vs. derechos y garantías constitucionales en el procedimiento directo.
Autor
Manrique Vélez, Jordy Josué
Resumen
A lo largo del tiempo el Derecho Penal ha ido evolucionando constantemente,
tanto así que han surgido dos posturas o tendencias opuestas entre sí, trayendo como
consecuencia una firmeza en el mundo del Derecho Penal, y conforme a cada política
criminal de cada Estado. Estas tendencias son el eficientismo jurídico penal y el
garantismo penal. El primero, busca luchar contra la impunidad, sin importar vulnerar
Derechos, principios y garantías del debido proceso. Y por otro lado, el garantismo
penal intenta limitar el poder punitivo del Estado.
En nuestro país, a partir del 10 de febrero de 2014, el poder penal sancionador
es regulado por el Código Orgánico Integral Penal, que implementa una moderna
institución jurídica penal llamado procedimiento directo. El cual es un trámite
sumarísimo, que como expresa la misma norma, concentra todas las etapas de un
procedimiento ordinario, en una sola audiencia, produciendo una sentencia ratificatoria
de inocencia o condenatoria, en el plazo no mayor a 20 días. El legisladorjustificó que
por la necesidad de dar rapidez a la causas represadas en los juzgados y tribunales de
nuestro país Sin embargo, juristas ecuatorianos expresan que también sedebió analizar
las afectaciones o vulneraciones que la aplicación de dicho procedimiento puede llegar
a producirse a los Derechos constitucionales reconocidas en nuestra carta magna, tales
como: el derecho a la defensa, presunción de inocencia, paridad de armas,
contradicción, y a su vez, no solo afecta a la parte procesada, sino también a la Fiscalía
General de Estado, ya que, en la práctica no llegan a tiempo los resultados de las
diligencias y pericias realizadas. Over time, Criminal Law has been constantly evolving, so much so that two
opposing positions or tendencies have emerged, resulting in a firmness in the world of
Criminal Law, and in accordance with each criminal policy of each State. These
tendencies are criminal legal efficiency and criminal guaranteeism. The first seeks to
fight against impunity, regardless of violating rights, principles and guarantees of due
process, in other cases, criminal guarantees try to limit the punitive power of the State.
In our country, on February 10, 2014, the sanctioning criminal power is regulated
by the Comprehensive Criminal Organic Code, which implements a modern criminal
legal institution called “Procedimiento directo”. Which is a summary proceeding,
which, as expressed in the same norm, concentrates all the stages of an ordinary
procedure, in a single hearing, producing a ratifying sentence of innocence or
conviction, within a period not exceeding 20 days. The legislator justified that due to
the need to speed up the cases held in the courts and tribunals of our country. However,
Ecuadorian jurists state that the effects or violations that the application of said
procedure can produce to the rights should also have been analyzed. Constitutional
rights recognized in our “Carta Magna”, such as: the right to defense, presumption of
innocence, parity of arms, contradiction, and in turn, not only affects the prosecuted
party, but also the State Attorney General's Office, since, In practice, the results of the
investigations and expertise carried out do not arrive on time.