El presente trabajo investigativo se realizó con el fin de analizar el Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador por el período de 2 años, del año 2013 al presente, haciendo especial énfasis al caso especial de la Función Judicial en la provincia del Guayas, así como de la reforma realizada a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en octubre del 2013 y el cambio de denominación del Instituto Nacional de Contratación Pública, como ente rector del sistema, a Servicio Nacional de Contratación Pública, para establecer si efectivamente tuvo resultados beneficiosos en la matriz productiva, desarrollo de la industria, infraestructura, servicios, crecimiento de las MIPYMES, inclusión ciudadana y transparencia. Con la finalidad de fundamentar el análisis se elaboró un marco teórico con todos los conceptos y significados que abordan al mundo de la contratación gubernamental, un marco conceptual y referencial que describe sus procedimientos a escala nacional, regional y global, enmarcando los tratados y convenios internacionales suscritos por las entidades nacionales con organismos extranjeros, además de un análisis del modo de funcionamiento de las compras públicas en Chile, Brasil y México, catalogados como pioneros en la materia en América Latina. Los capítulos de las compras públicas en el Ecuador y de la Función Judicial en el Guayas, regulado por el Consejo de la Judicatura, contemplan todo lo referente al sistema, legislación, reglamento, cifras, actos de corrupción en la función judicial, en la provincia y el país. En base a los tópicos desarrollados e interpretación de lo analizado se pudo determinar que sí ha habido un avance provechoso, aunque no al 100%, de los factores planteados, posterior a los cambios realizados, aunque sigue existiendo cierta vulnerabilidad en la transparencia de los procesos, por lo que se recomienda una mayor supervisión y control por parte de la Contraloría General del Estado a los procedimientos desde sus etapas preparatorias y precontractuales inclusive, para evitar el estancamiento y corrupción en los contratos que son tan beneficios para el Estado.