“Un sistema tributario será justo si hace responder a los contribuyentes de acuerdo a su capacidad económica”, así reflexiona GALÁN1, quien sin embargo, no considera que sea éste el único atributo, sino que además “la seguridad jurídica juega un papel determinante en el sistema y ello tanto en el orden legal como jurisprudencial”. Por ello, cuando los contribuyentes se hallan en una situación de violación a los derechos de los que se creen asistidos, tienen la posibilidad de reclamar, ya sea en la vía administrativa o en la judicial, procesos en los que también deben respetarse los derechos constitucionalmente consagrados. Giuliani Fonrouge citado por TOSCANO2, expresa que la actividad del Estado relacionada con la aplicación y percepción de los tributos, se desenvuelve mediante diversos actos procesales, durante los cuales es necesario asegurar a los particulares contra posibles violaciones del derecho. No se trata, únicamente, continúa, de prestarles amparo frente a las extralimitaciones de los funcionarios, sino esencialmente, de evitar que las normas y principios jurídicos resulten desvirtuados en los hechos.