En el Ecuador, el tema específico de los delitos contra la Administración Pública, desde siempre, ha sido motivo de intensos debates, de manera especial el Peculado, que dependiendo de los gobiernos, ha sido analizado de diferente manera. Sin embargo, el tema relevante es la forma de configurarlo y sancionarlo, así también analizar la forma diferente y casi sui géneris de nuestra legislación, comparando con otras análogas a la ecuatoriana, específicamente en el delito de peculado. Esto se ha dado por las distintas coyunturas políticas que han devenido con el pasar de los años en el Ecuador. Podría decirse, y sin temor a equivocarnos, que el tema de los delitos contra la administración pública, en general, y del peculado, en especial, se ha convertido en un tema más político que jurídico, ya que utilizando una antigua y dañina fórmula, se lo ha manejado de manera demagógica y por las diferentes crisis sociales, políticas, jurídicas e institucionales que ha vivido el Ecuador, creando mitos jurídicos sancionando este delito de manera casi absurda, sólo comparado con delitos de Lesa Humanidad en la manera de sancionarlo, lo cual se explicará más adelante en este trabajo. Es público y notorio, tanto en el Ecuador como en casi todos los países latinoamericanos, que los puestos de la Administración Pública son extremadamente codiciados, ya sea por el escaso control de los dineros del erario nacional, ya sea por la posición social y económica que otorgan, o simplemente por una necesidad de notoriedad política. Lo cierto es que estos cargos se han convertido en verdaderas catapultas para que simples desconocidos, y en muchos casos, personas sin capacidad moral ni académica ejerzan los cargos y de la noche a la mañana se conviertan en grandes empresarios, inclusive inicien una carrera política.