El Derecho Administrativo, es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Pública en sus relaciones con los particulares, así como del conjunto de normas jurídicas, consecuencia de las relaciones entre los órganos del Estado con particulares o entre órganos estatales para atender o requerir las necesidades colectivas referentes a servicios públicos de acuerdo con la ley. El Derecho Administrativo, constituye un instrumento indispensable que permite conocer y comprender la organización, administración y actividad del Estado, encaminada a la satisfacción de las necesidades de los miembros del mismo, que en su conjunto de leyes, que las principales fuentes de la normativa de la Administración Pública ecuatoriana, debe ser inspirado en la función pública; asimismo se observa una nueva dispersión de órganos administrativos y de asignación de atribuciones, lo cual es una tendencia cíclica de la Administración Pública ecuatoriana y centralización sucesiva de entes y recursos, lo que supone una estrecha concertación de los poderes centrales en la ejecución de las políticas públicas nacionales. En la primera relación jurídica en donde el Estado presta directamente el servicio público en virtud de las potestades atribuidas a un órgano u organismo del Estado evidentemente la relación subjetiva es de carácter administrativo, en donde, el Estado en función de su característica de imperio ejerce su potestad directamente sobre el administrado, exteriorizando su voluntad por medio de actos jurídicos públicos, a los cuales la doctrina administrativa los denomina actos administrativos, cuyas características específicas las regula la ley, y en virtud de las cuales, los derechos subjetivos de los administrados, que son tutelados en virtud de la aplicación del derecho administrativo el cual regula las relaciones de poder que de un lado, son internas a la administración pública por medio de potestades, facultades, atribuciones, funciones o competencias; y de otro externas, es decir, cuando generan relaciones con las personas, generándoles derechos u obligaciones. El ordenamiento jurídico ecuatoriano por otro lado, no define que es un servicio público, lo que nos trae algunos problemas al determinar las potestades de servicio público que el Estado puede titularizar en favor de terceros. Es así que la Constitución determina cuales son los servicios públicos que brinda el Estado, estableciendo como servicios públicos entre otros: salud, educación, justicia, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, telecomunicaciones, etc. En la ejemplificación que realiza los servicios públicos prestados y como potestad del administrador, se prevé la ejecución de políticas de personal a través del Talento Humano, en virtud de esta potestad, debe garantizarse el desenvolvimiento de los servidores públicos, y que éstos al ostentar sus derechos y garantizas, debe prevalecer al ámbito de funciones sobre cualesquier determinación del empleador, cuando pueda darse un traspaso, traslado o cambio administrativo. Es así que en virtud del vació jurídico que ya determinamos, nuestras autoridades muchas veces confunden lo que el servicio público engloba, generándose situaciones como las ya explicadas, en donde a la administración pública le transfieren potestades de una manera antijurídica a personas jurídicas de derecho, como lo son los servidores públicos.