El Comité Prodefensa Afectados por el Proyecto del Río Cañar, representado por el señor Bernardo Celi, presentó una petición dirigida al Presidente de la República, con copia a la Defensoría del Pueblo, respecto a que en el sector denominado Puerto Inca del cantón Naranjal, provincia de Guayas, la Secretaría Nacional del Agua, y luego la Empresa Pública del Agua, llevarían a cabo el proyecto Control de Inundaciones del Sistema Hídrico Cañar, cuya implementación destruiría 170 viviendas y cultivos de pequeños agricultores del sector. La Dirección Nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de tutelar los derechos a un ambiente sano, acceso a la información y participación y a un hábitat seguro y saludable. resolvió exhortar al Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), para que en el marco de sus competencias, controle e inicie las acciones administrativas y judiciales que correspondan frente a los incumplimientos de las actividades de la Empresa Pública del Agua, en el proyecto Control de Inundaciones del Sistema Hídrico Cañar dentro de lo que dispone la Licencia Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. También exhorta al MAE para que haga conocer tanto a la comunidad de Puerto Inca como a la Defensoría del Pueblo, el Plan de Manejo Ambiental actualizado del proyecto Río Cañar. Por otra parte, se exhorta a la Empresa Pública del Agua que cumpla con la normativa en cuanto a la participación de la comunidad donde implemente sus planes y proyectos. Asimismo se exhorta a la Empresa Pública del Agua para que en coordinación con el GAD Municipal de Naranjal, determine un cronograma definitivo de expropiaciones del sector, respetando el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de las personas propietarias y posesionarias. Se recuerda a la Empresa Pública del Agua la obligación legal de cumplir con los pedidos de información solicitados por la Defensoría del Pueblo. Se exhorta al GAD Provincial del Guayas y al GAD Municipal de Naranjal que inicien las acciones administrativas o judiciales correspondientes para que sancione a los posibles responsables de los presuntos incumplimientos con la normativa ambiental vigente, respecto a los procesos de licenciamiento referentes a las concesiones mineros para extraer material pétreo.