El correcto ejercicio de los derechos individuales y la participación en la vida en relación, en el tráfico jurídico, exigen de las personas individuales para la concertación de actos jurídicos válidos, que estén provistos de la plena capacidad de obrar. Con esos fines tanto en el ordenamiento jurídico cubano como en el ecuatoriano el legislador ha exigido unos requisitos muy puntuales para ser considerado un individuo plenamente capaz; motivos que nos condujeron en la presente investigación al estudio de la capacidad jurídica y de obrar en sus diferentes formas de manifestarse, analizando en cada caso, los procedimientos de rigor fijados en uno u otro sistema normativo para sustanciar pretensiones relativas a aquellas personas naturales que no cuentan con plena capacidad de obrar, o sea, que tiene la capacidad restringida, o que serán declarados plenamente incapaces. En ese cauce, ahondamos en los efectos legales que concita la declaración judicial de incapacidad, que ha sido de perenne debate doctrinal, habida cuenta que de concedérsele efectos constitutivos o declarativos dependen la validez y el cuestionamiento de la legitimidad de actos jurídicos concertados previamente al procedimiento judicial de incapacidad; así como, la adopción de instituciones jurídicas como la tutela y la curatela que tiendan en cada caso a la protección de los bienes y la persona en estos casos bajo examen y que no están acabadamente normados en uno u otro país.