La política criminal latinoamericana de la última década y, en especial, la costarricense, no puede pensarse separadamente del debate entre la “modernización” del derecho penal y las contradicciones de la búsqueda urgente de un derecho penal del enemigo. El mensaje que se envía a nivel político desde el populismo jurídico-penal resulta muy sugerente y atractivo: la impunidad sería el producto de excesivas garantías a favor del delincuente y de un olvido de los derechos de la víctima. El objetivo es el combate de la criminalidad a cualquier costo, aun de las garantías del derecho penal, construidas a lo largo de muchos siglos, con el objetivo de limitar el enorme poder del Estado en la persecución de los delitos. En este trabajo, pretendemos dar una mirada a estas tendencias populistas y acercarlas a sus contrapartes, teóricamente más complejas, provenientes de los discursos científicos continental europeos. El producto final de esta reflexión puede ayudar a alertar sobre las consecuencias teóricas de estos juegos ideológicos y develar el signo que se oculta en sus demandas de un “nuevo” derecho penal de seguridad. Al final, presentamos un conjunto de ideas con las que es posible reconstruir la política criminal democrática en nuestras sociedades asoladas por el miedo y la inseguridad, en la forma de tesis en contra de las operaciones irracionales de un legislador que, hace tiempo, perdió conexión con los datos empíricos y con un derecho penal del Estado Democrático y Social de Derecho.