Si la prisión automática es la solución contra los delitos graves, y si las propuestas ciudadanas consisten en encarcelar a corruptos, maltratadores de animales, conductores y padres irresponsables, entonces vale la pena analizar un poco el uso de la prisión preventiva en México (aunque, para ser justos, sería mejor que la sociedad mexicana se interesara por conocer el funcionamiento de todo el sistema penitenciario). Resulta que, en nuestro país, poco más de 4 de cada 10 personas se encuentran en prisión preventiva, es decir, no han sido juzgadas y no han recibido una sentencia (gráfica 1). En comparación con otros países, México es uno de los malos ejemplos latinoamericanos (no somos los peores pero sí somos de los malos). Destacan como buenos ejemplos Chile y Costa Rica, donde sólo 2 de cada 10 personas encarceladas carece de una sentencia. En Colombia y Brasil esta proporción ronda alrededor de 3 de cada 10. En este sentido, podemos afirmar que en México usamos mucho el recurso de encarcelar a las personas antes de juzgarlas.