En México se han producido decenas de libros y artículos en torno a la evolución legal e institucional del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, aún no tenemos una respuesta a la pregunta: ¿por qué las organizaciones públicas de algunas entidades federativas cumplen mejor que otras sus responsabilidades de acceso a la información? En textos como CIDE y COMAIP (2007, 2010, 2014), así como Arellano y Lepore (2009), se propone que las diferencias entre entidades se deben a la calidad de las leyes de acceso a la información pública o al diseño institucional de sus órganos garantes. No obstante, no se obtuvo suficiente evidencia de ninguno de los casos para comprobar la existencia de una relación causal. Por la falta de respuestas contundentes a esta pregunta en la literatura sobre transparencia y acceso a la información pública, en este trabajo se exploraron otras áreas temáticas. Se puso especial atención en el debate sobre los procesos de implementación de políticas públicas, ya que la puesta en marcha de las leyes de acceso a la información pública se puede entender, precisamente, como un proceso de implementación. Debido a las características especiales de los procesos que se analizan en esta tesis, se tomaron en cuenta los textos sobre procesos de “implementación transorganizacional”, es decir, la puesta en marcha de un mismo plan en varias organizaciones, y en las que se espera un resultado equivalente en todas ellas.