El servicio público de suministro de electricidad de la mayoría de los países de la OECD está adaptándose a una lógica de sustentabilidad y de competencia en los mercados de generación eléctrica. La razón detrás de estas transformaciones es que cambiar las fuentes de energía de las que se alimenta la matriz energética es indispensable para reducir las emisiones contaminantes a nivel global. Pero para alcanzar los compromisos específicos de México frente al Acuerdo de París, y garantizar el derecho a la competencia, será necesario que la legislación nacional separe jurídicamente al servicio público de la persona jurídica que lo provee. Sin una separación entre lo que es el servicio público de las demás actividades que sólo son de interés general, no existirá un marco jurídico que mantenga una injerencia neutral en los mercados por parte del Estado, que otorgue certeza a inversionistas, y que permita desarrollar el servicio público de manera descentralizada. En consecuencia, lograr la descarbonización del servicio público mexicano será inviable si no hay certeza jurídica para las inversiones en energías renovables en aspectos como la obtención de permisos, el orden del despacho en el mercado eléctrico y los Certificados de Energía Limpia. Para entender mejor las implicaciones de tener una empresa pública encargada del servicio público, este trabajo, mediante la herramienta metodológica del derecho comparado, contrastará la manera en que México y Francia regulan a sus empresas eléctricas nacionales con miras a entender la importancia de separar jurídicamente las funciones del Estado como regulador y como accionista.