In Peru, the management of water use and discharges are regulated by Water National Authority, which gives the right of use and discharging in sustainability conditions and economic retribution. The number of discharging authorizations between 2013 and 2015 was 529; and 21 for reuse. The points of authorized discharging were 686. The total authorized volume for discharging was 1802 hm3. And 16 hm3 for reuse. The sub-sectors that had discharging authorization between 2013 and 2015 were the mining (261 authorizations and 913 hm3 of discharging), fishing (87 authorizations and 24 hm3 of discharging), hydrocarbon (74 authorizations and 86 hm3 of discharging), industries (34 authorizations and 180 hm3 of discharging), sanitation (18 authorizations and 429 hm3 of discharging), electricity (31 authorizations and 330 hm3 of discharging) and agriculture (3 authorizations and 0,4 hm3 of discharging).Due to the availability of economic retribution data, it is analyzed for the year 2014. In that year were assigned authorizations for consumption of 23 816,60 cubic hectometers (hm3) and authorizations for use (without consumption) of another 37 544,82 hm3. The economic retribution of that were paid for discharging used for water use was about 82 million of soles, and 42 million of soles of discharging.The volume of authorized water for consumption and energetic use in 2014 was 60 757 hm3, equivalent to 60 times the average level of Rimac river, while the total authorized discharging (including the energy) was 188 hm3 the same year, equivalent to 20 % of average level of Rimac river. So, we can deduce that a) There’s an important number of discharging which don’t count with authorization because the water hasn’t been treated or don’t keep the permissible maximum limits and b) as the population and the productive sectors consume big volumes of water, therefore, they make a huge quantity of residual waters too. However, this information must be counted.The article 32.1 of the General Environmental Law, law 28611, promulgated on October 15th, 2015, defines the permissible maximum limits as the concentration of elements, substances, physical, chemicals and biologicals parameters, that characterize an effluent or an emission that being exceed causes or may cause health damage, to the human well-being and environment. The competent authority legally required its compliance. According to the parameter, which the concentration is related, it may be expressed in maxima, minima, and ranges.En el Perú, la gestión del uso del agua y el vertimiento son regulados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que otorga el derecho de uso y vertimiento en condiciones de sostenibilidad y retribución económica.El número de autorizaciones de vertimiento entre el 2013 y el 2015 fue 529; y de reúso, 21. Los puntos de vertimiento autorizados fueron 686; y los de monitoreo en cuerpos de agua, 1839. El volumen total autorizado para vertimiento fue 1802 hm3; y para reúso, 16 hm3. Los subsectores que contaban con autorizaciones de vertimiento entre el 2013 y el 2015 fueron minería (261 autorizaciones y 913 hm3 de vertimiento), pesquería (87 autorizaciones y 24 hm3 de vertimiento), hidrocarburos (74 autorizaciones y 86 hm3 de vertimiento), industrias (34 autorizaciones y 180 hm3 de vertimiento), saneamiento (18 autorizaciones y 429 hm3 de vertimiento), electricidad (31 autorizaciones y 330 hm3 de vertimiento) y agricultura (3 autorizaciones y 0,4 hm3 de vertimiento).Por la disponibilidad de datos de retribución económica se analiza con respecto al año 2014. En ese año, se otorgó el derecho para uso consuntivo de 23 816,60 hectómetros cúbicos (hm3) de agua; y para uso no consuntivo, 37 544,82 hm3. La retribución económica de ese año por el uso de agua fue de 82 millones de soles; y de vertimiento, 42 millones de soles.El volumen de agua autorizada para uso consuntivo y energético en el 2014 fue 60 757 hm3, equivalente a 60 veces el caudal promedio del río Rímac, mientras que el vertimiento total autorizado (incluida la energía) el mismo año fue 188 hm3, equivalente al 20 % del caudal promedio del río Rímac (la quinta parte). Por tanto, se puede deducir que a) existe un importante número de vertimientos que no cuentan con autorización debido a que las aguas no han sido tratadas o no cumplen con los límites máximos permisibles (LMP); y b) tanto la población como los sectores productivos consumen grandes volúmenes de agua y, por consiguiente, generan también una enorme cantidad de aguas residuales. Sin embargo, estos datos requieren ser contabilizados.El artículo 32.1 de la Ley General del Ambiente, Ley 28611, promulgado el 15 de octubre del 2005, define los LMP como «la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos».