Análisis: control de la acusación. Sentencia del 11 de diciembre de 2018, corte Suprema de Justicia

Abstract

Pese a que el control que se le hace a la acusación criminal supone un medio para proteger los derechos fundamentales de los acusados, en tanto limita la discrecionalidad de la Fiscalía para que se ciña a los hechos jurídicamente relevantes y a las pruebas obtenidas legalmente, este no se lleva a cabo en el procedimiento penal colombiano porque no hay un precepto legal que lo regule o lo instituya.

Para llenar ese vacío legal y garantizar el derecho al debido proceso y a la recta administración de justicia, la Corte Suprema de Justicia propone que el control sea ejercido por un juez de conocimiento. Este artículo analiza si la postura adoptada por la Sala de Casación Penal, en la Sentencia de 11 de diciembre de 2018, se ajusta a los presupuestos del Estado social y democrático de derecho y a los fines del derecho procesal penal. Se concluye que la respuesta ofrecida por la Corte para la resolución de problemas que acarrea la ausencia de control a la acusación es insuficiente, pues, si el juez de conocimiento ejerce tal control, se contamina con los hechos y las pruebas que estructuran los cargos de la Fiscalía, antes del juicio oral y de que la defensa exponga su teoría del caso. Con ello se violenta la imparcialidad del mismo, al brindar una segunda oportunidad a la Fiscalía para que corrija sus errores, lo cual elimina la igualdad de las partes en el proceso.

Although criminal indictment control should be a measure to protect the fundamental rights of those accused of crimes, insomuch as it limits the prosecutor’s discretion and requires him or her to focus on legally relevant facts and evidence obtained legally, this is not carried out in Colombian criminal procedure because there is no legal precept that regulates or institutes it. To fill this legal gap and guarantee the right to due process and the proper administration of justice, the Supreme Court of Justice proposes the control be carried out by a presiding judge. This article analyzes whether the posture the Criminal Cassation Chamber adopted in its Judgment of December 11, 2018 complies with the premises of social democratic rule of law and the objectives of criminal procedure law. It concludes that the response the Court offers for the resolution of the problems caused by the lack of indictment control is insufficient, as if the presiding judge exercises this control, he or she will be contaminated with the facts and the evidence that structures the prosecutor’s charges prior to the oral trial and to the presentation of the defense’s theory of the case. This violates the impartiality of the trial, as it gives the prosecutor a second opportunity to correct his or her errors, which violates the equality of the parties to the process.