La información que brindan los Estados Contables debe ser suficientemente integral y aproximada a la realidad económica de modo tal que satisfaga las expectativas de los diversos usuarios que la consideran en un proceso de toma de decisiones. La medición es uno de los procesos más importantes de la contabilidad patrimonial, ya que del mismo dependen aspectos como la situación patrimonial, la distribución de dividendos y la posible descapitalización del ente (Vazquez & Bongianino, 2008). Siendo los Estados Contables una de las principales fuentes de información para la toma de decisiones, la definición de un contexto de estabilidad basado en un supuesto de una tasa de inflación poco significativa limita la utilidad de la información que éstos brindan a los usuarios. Con los parámetros actuales se pierde la validez del concepto “estabilidad monetaria” según el cual se considera como moneda homogénea a la moneda nominal (Fornero, 2014b). Los Estados Financieros emitidos sin corrección monetaria en contextos inflacionarios, adolecen del cumplimiento de varios de los requisitos exigidos por el marco conceptual de las normas contables nacionales o internacionales (Braghini P. , 2013), salvo cuando los efectos de la omisión de los ajustes por inflación son insignificantes (Fowler Newton, 2002). Se ven afectadas principalmente su pertinencia o aptitud para satisfacer las necesidades de usuarios, disminuye la aproximación a la realidad de la información contable, la comparabilidad y el requisito de integridad. Desde la Contabilidad se han tratado de implementar algunos remedios parciales (Fowler Newton, 2002) para superar las distorsiones provocadas por la falta de reconocimiento de los efectos de la inflación siendo uno de los “parches” más recientes la posibilidad de revaluación de los bienes de uso, propuesta por la Resolución Técnica 31 (2011) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, pero en ningún caso se aborda una solución integral. La motivación del presente trabajo se fundamenta en que a partir de la emisión del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 664/2003, en Argentina se suspendió el ajuste de la información contable por efectos de la inflación. Frente al posterior crecimiento sostenido de los precios se plantea el interrogante respecto a la confiabilidad de la información que brindan los Estados Financieros sobre la situación económica, patrimonial y financiera de un ente. La investigación tiene por objetivo proponer un método sencillo y aproximado de adecuación de la información contable y demostrar que aún a tasas de inflación bajas, que no califiquen para un fenómeno hiperinflacionario, se producen alteraciones significativas en las cifras de los Estados Contables y, en consecuencia, en los análisis que sobre ellas se efectúen. La propuesta se considera de utilidad para los usuarios externos, cuyo acceso a la información se limita, generalmente, sólo a los Estados Contables de publicación. El método abordado consiste en la reexpresión de aquellas partidas medidas a costo histórico (Bienes de cambio, Bienes de Uso, Activos Intangibles) desde su fecha de incorporación al patrimonio, la cual es estimada a través de las fórmulas de “Vida Media y Vida Remanente de los Activos Fijos” Fornero (2014b). En el Estado de Resultados, se reconocen los cambios derivados del ajuste de las partidas patrimoniales (mayor cargo por depreciaciones) y un valor estimado del Resultado por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda. Para llevar a cabo el procedimiento se emplea el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Los resultados obtenidos demuestran que los Estados Contables confeccionados en contextos inflacionarios sin procedimientos de ajuste de la unidad de medida distorsionan los ratios de análisis económico y patrimonial utilizados por usuarios para la toma de decisiones. En el caso planteado, luego de la corrección de las cifras, se registra una reducción los ratios de rentabilidad (el ROA -Return on Assets- varía del 15% al 12% y el ROE -Return On Equity- del 13% al 10%), un mejoramiento de los indicadores patrimoniales de estructura (incremento de la solvencia, del valor de libros por acción, de la razón de inmovilización de los activos) y poca o casi nula variación de las razones del capital corriente.