Viabilidad de la acción de protección ante la improcedencia de la vía contencioso administrativa

Abstract

En el 2008, a través de la Constitución de la República del Ecuador, cambió la figura de acción de amparo a la denominada acción de protección, siendo su actual fundamento el amparo de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados por una autoridad no judicial los cuales se encuentra definidos superficialmente por nuestra ley suprema. En muchas ocasiones, se ha tratado de limitar el acto administrativo dentro del campo constitucional así tenemos las decisiones de la Corte Constitucional y lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para su regulación, sin embargo, ante aquello no existe una verdadera evaluación y análisis de los jueces al momento de resolver sobre estos actos administrativos y la procedencia en el ámbito constitucional por vulnerarse varios derechos constitucionales procedentes de autoridades públicas. En ese sentido, la Corte Constitucional, en diferentes criterios jurisprudenciales ha referido de forma breve y expedita, y en algunas ocasiones algo confusa sobre las limitaciones y diferenciación de las acciones constitucionales y la vía ordinaria, bajo estos criterios los jueces de primer nivel envestidos de jueces constitucionales que realizan un control de constitucionalidad han tenido parámetros, criterios y mayor información sobre los temas que deben ser resueltos por la vía constitucional y no ser negados por desconocimiento de aquellos criterios obligatorios que pasan desapercibidos por estos.

In 2008, through the Constitution of the Republic of Ecuador, the figure of amparo action was changed to the so-called protection action, its current foundation being the protection of constitutional rights allegedly violated by a non-judicial authority which is superficially defined by our supreme law. On many occasions, attempts have been made to limit the administrative act within the constitutional field, thus we have the decisions of the Constitutional Court and what is established in the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control for its regulation, however, before that there is no real evaluation and analysis of the judges when deciding on these administrative acts and the provenance in the constitutional field for violating various constitutional rights from public authorities. In this sense, the Constitutional Court, in different jurisprudential criteria, has referred briefly and expeditiously, and on some occasions somewhat confusing, about the limitations and differentiation of constitutional actions and ordinary proceedings, under these criteria the first level judges vested with Constitutional judges who carry out a control of constitutionality have had parameters, criteria and more information on the issues that must be resolved by constitutional means and not be denied due to ignorance of those mandatory criteria that go unnoticed by them.