Conflictos en la aplicación del procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar

Abstract

El estudio tiene como objetivo analizar el conflicto jurídico del procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención penal de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, señalando que el sistema jurídico debe ser eficiente para garantizar el derecho a una justicia de calidad, permitiendo que más personas denuncien la violencia y puedan sancionarse efectivamente. Sin embargo, surgen confusiones derivadas de la omisión del plazo para incorporar las pruebas en el art.643 del COIP que determina las reglas para estas contravenciones, aplicándose el establecido en el art.642 que corresponde a tres días antes de la audiencia. La metodología fue cualitativa, documental y de campo, de tipo descriptiva, no experimental, analítica – sintética, recurriendo al análisis documental normativo y la entrevista a tres abogados en la Unidad de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en el sector Florida Norte de Guayaquil. El análisis normativo permitió conocer que las sanciones en Perú son más rigurosas que en Ecuador, penándose las contravenciones como delitos; mientras que El Salvador incluye la asistencia psicológica al agresor. Las entrevistas a los abogados dejaron constancia de los problemas que existen en la operatividad de estas unidades, motivo por el cual desiste la víctima del proceso, además del miedo, la indefensión percibida o la creencia de que la agresión no volverá a ocurrir. Así respaldan la reforma presentada al COIP, fijando el plazo para anunciar las pruebas; además de la obligatoriedad de los peritos para rendir su testimonio según lo exige la Constitución, la asistencia psicológica del agresor, la mejora de la gestión de estas unidades judiciales, y el desarrollo de un programa de concientización con alcance nacional.

The study aims to analyze the legal conflict of the expedited procedure for the prosecution of the criminal violation of violence against women or members of the family nucleus, pointing out that the legal system must be efficient to guarantee the right to quality justice, allowing that more people report violence and can be effectively punished. However, confusion arises derived from the omission of the deadline to incorporate the evidence in article 643 of the COIP that determines the rules for these violations, applying the one established in article 642 which corresponds to three days before the hearing. The methodology was qualitative, documentary and field, descriptive, non-experimental, analytical - synthetic, resorting to normative documentary analysis and an interview with three lawyers in the Unit for Violence Against Women or Members of the Family Nucleus in the North Florida sector Guayaquil. The normative analysis allowed to know that the sanctions in Peru are more rigorous than in Ecuador, penalizing the offenses as crimes; while El Salvador includes psychological assistance to the aggressor. The interviews with the lawyers recorded the problems that exist in the operation of these units, which is why the victim gives up the process, in addition to fear, perceived helplessness or the belief that the attack will not occur again. This is how they support the reform presented to the COIP, setting the deadline for announcing the tests; in addition to the obligation of the experts to give their testimony as required by the Constitution, the psychological assistance of the aggressor, the improvement of the management of these judicial units, and the development of a national awareness program.