El cumplimiento del deber legal de la o el Servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria en La Reforma al Código Orgánico Integral Penal

Abstract

La policía nacional y los miembros de seguridad penitenciaria son dos instituciones que se encargan de cumplir las labores más relevantes con respecto al control social, así mismo han sido blanco de críticas repetitivas debido a su desempeño en el cumplimiento de estas labores. Su falta de acción oportuna y las diferentes violaciones a los derechos humanos han puesto en la mira a estas dos instituciones, utilizando los altos mandos de la policía la excusas de que no existía normativa vigente hasta antes de la reforma que avale y respalde la labor policial, generando esto una omisión de su deber legal por temor a las responsabilidades jurídicas que surgirían. La reforma al Código Orgánico Integral Penal en su artículo 30.1 redunda y es inoficiosa, debido a que hace referencia a reglas y normativa ya tipificada, tratando de justificar la mala práctica profesional y dando a la policía nacional patente de corso para dirimir de manera arbitraria cuando puede violentar un derecho.

The national police and members of prison security are two institutions that are in charge of fulfilling the most relevant tasks with respect to social control, and they have also been the target of repeated criticism due to their performance in carrying out these tasks. Their lack of timely action and the various human rights violations have targeted these two institutions, the high-ranking police officers using the excuse that there were no regulations in force until before the reform to endorse and support police work, generating this an omission of their legal duty for fear of the legal responsibilities that would arise. The reform of the Comprehensive Organic Criminal Code in its article 30.1 is redundant and ineffective, because it refers to rules and regulations already defined, trying to justify professional malpractice and giving the national police a marque certificate to arbitrarily decide when it can violate a right.