This paper analyzes the changes and contributions that the criminal procedure reform proposes and exposes the achievements and limitations subsequent to its implementation. The criminal procedure reform proposes different changes, such as, a greater emphasis on the accusatory, new roles for the operators of the justice system, speed of the process, allow the de-judicialization of the causes, among others. In effect, these changes derive from the objectives of reform: the reordering of the criminal prosecution system, pursuing the ideal of rapid and fulfilled justice, favoring the right to defense and guaranteeing respect for fundamental rights. After the implementation of the procedural reform in Peru, the first results are registered, among which are the faster processes, the reduction of the procedural burden, the positive impact on the prison system and population, advances in the training of justice operators, the greater reliability in the criminal procedure system, positive changes in the generation of information and the greater approach of prosecutors to peasant communities. However, there are aspects that should be better. The implementation of the criminal procedure reform shows problems such as this is still an isolated process; the lack of a State criminal policy and one of institutional strengthening of criminal justice entities; there is no real change of mentality in the justice operators; there is a lack of a central and solid leadership in the management, monitoring and control of change, as well as an adequate and modern management and organization within the institutions of the justice system; among other. Finally, it is worth highlighting the technical problems presented by the implementation of the reform, such as infrastructure problems, deficiencies in the technological system, administrative problems, lack of improvements in the administrative system, among other things.El presente trabajo analiza los cambios y aportes que la reforma procesal penal propone y expone los logros y limitaciones posteriores a su implementación. La reforma procesal penal plantea diferentes cambios, tales como, un mayor énfasis en lo acusatorio, nuevos roles para los operadores del sistema de justicia, celeridad del proceso, permitir la desjudicialización de las causas, entre otras. En efecto, estos cambios se derivan de los objetivos de reforma: el reordenamiento del sistema de enjuiciamiento penal, perseguir el ideal de justicia rápida y cumplida, favorecer el derecho a la defensa y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Después de la implementación de la reforma procesal en el Perú, se registran los primeros resultados, entre estos destacan la mayor rapidez con la que se resuelven los procesos, la reducción de la carga procesal, el positivo impacto en el sistema y población penitenciaria, los avances en la capacitación de los operadores de justicia, la mayor confiabilidad en el sistema procesal penal, cambios positivos en la generación de información y el mayor acercamiento de los fiscales a las comunidades campesinas. No obstante, hay aspectos que se deben mejor. La implementación de la reforma procesal penal muestra problemas como que esta sigue siendo un proceso aislado; la falta de una política criminal de Estado y una de fortalecimiento institucional de las entidades de justicia penal; no hay un verdadero cambio de mentalidad en los operadores de justicia; se carece de un liderazgo central y sólido en la gestión, monitoreo y control del cambio, así como, una adecuada y moderna gestión y organización en el interior de las instituciones del sistema de justicia penal; entre otras. Finalmente, cabe destacar los problemas técnicos presenta la implementación de la reforma, tales como, problemas en la infraestructura, deficiencias en el sistema tecnológico, problemas administrativos, faltan mejoras en el sistema administrativo, entre otros.