This paper develops the impact of criminal procedure reform (RPP) on citizen security in Latin America. Specifically, it analyzes the cases of Chile, Costa Rica and Ecuador. The promoters of the criminal procedure reform affirmed that one of the consequences of this would be the more effective fight against crime. However, current statistics show that crime rates, in countries where the reform has already been applied, have not decreased. The criminal procedure reform proposes two fundamental changes: i) the passage from an inquisitive to an accusatory system and ii) the modification of the functions assigned to judges and prosecutors. Likewise, this reform allows the honesty of the system, in such a way that the latter admits that the majority of crimes committed and reported are not prosecuted. In fact, the statistics of the Chilean and Costa Rican cases indicate that most cases are resolved by the public ministries of those countries, where, normally, they prescribe and are filed. The criminal procedure reform evidences this, as prosecutors usually take the decision to file cases early. In contrast to the cases of Chile and Costa Rica, in Ecuador, most of the cases dismissed, normally, have no answer. On the other hand, it is worth asking what are the cases that are pursued and what are the criteria that determine this decision. According to the doctrine that supports the reform, those crimes that cause high social damage must be prosecuted. These crimes are established in accordance with the criminal prosecution policy of each Public Ministry. However, in the countries in which the reform has been implemented, there is no such policy and, consequently, the decision falls directly on the prosecutor or his immediate superiors. Another major problem that the reform has to overcome is that of habitual crime. The statistics in the cases of Chile and Costa Rica show that the reform, far from solving this problem, has caused this type of criminals to benefit.El presente trabajo desarrolla el impacto de la reforma procesal penal (RPP) en la seguridad ciudadana en Latinoamérica. Específicamente, se analizan los casos de Chile, Costa Rica y Ecuador. Los promotores de la reforma procesal penal afirmaron que una de las consecuencias de esta sería una lucha más eficaz contra el delito. Sin embargo, las estadísticas actuales demuestran que los índices delictivos, en los países en los que la reforma ya ha sido aplicada, no han disminuido. La reforma procesal penal plantea dos cambios fundamentales: i) el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y ii) la modificación de las funciones asignadas a los jueces y a los fiscales. Asimismo, esta reforma permite que el sinceramiento del sistema, de tal forma que el este admite que la mayoría de delitos cometidos y denunciados no son perseguidos. En efecto, las estadísticas de los casos chilenos y costarricenses indican que la mayor parte de los casos son resueltos por los ministerios públicos de dichos países, donde, normalmente, estos prescriben y son archivados. La reforma procesal penal evidencia notablemente esto, pues los fiscales, usualmente, toman la decisión de archivar los casos de manera temprana. En contraste con los casos de Chile y Costa Rica, en Ecuador, la mayoría de los casos desestimados, normalmente, no tiene respuesta. Por otra parte, cabe preguntarse cuáles son los casos que sí se persiguen y cuáles son los criterios que determinan esta decisión. Según la doctrina que respalda la reforma, se deben perseguir aquellos delitos que causan un alto daño social. Estos delitos se establecen de acuerdo con la política de persecución penal de cada Ministerio Público. Sin embargo, en los países en lo que se ha implementado la reforma, no existe dicha política y, en consecuencia, la decisión recae directamente en el fiscal o en sus jefes inmediatos. Otro de los grandes problemas que la reforma tiene que superar es el de la delincuencia habitual. Las estadísticas en los casos de Chile y Costa Rica muestran que la reforma, lejos de solucionar este problema, ha provocado que este tipo de delincuentes se beneficien.