La importancia del control judicial previo a la limitación del derecho fundamental a la intimidad en el derecho procesal penal colombiano en el año 2019

Abstract

El presente trabajo se propuso como objetivo: Resaltar la importancia de la implementación de control judicial previo a la afectación del derecho fundamental a la intimidad en el ordenamiento jurídico colombiano, lo anterior en el entendido, que el constituyente estableció que dichas interferencias solo son posibles previa orden escrita de autoridad judicial competente, garantía que fue impuesta y regulada en conjunto con el derecho a la libertad personal, sin embargo, contrario a los postulados plasmados en la Constitucionalidad, el legislador doto al ente acusador de facultades para restringir autónomamente el ejercicio de este derecho, generándose como consecuencia de esto un desconocimiento del mandato consagrado en la carta magna y una violación a los principios de reserva judicial, separación de roles y funciones, objetividad y neutralidad. Diversos antecedentes consultados para el necesario desarrollo de la investigación, confirmaron que el derecho a la intimidad goza de una especial protección en el derecho internacional de los derechos humanos, donde diversos pronunciamientos han resaltado la necesidad de institucionalizar con garantías el goce del mismo, limitándose de esta manera la injerencia de los Estados en los asuntos personales de las personas, si bien resulta acertado destacar, que los derechos fundamentales no son absolutos sino que se encuentran en un plano de equilibrio con el ordenamiento jurídico y otros intereses de igual o superior relevancia, la limitación de los mismos solo procede previo respeto a las garantías que imponen una limitación al poder punitivo y racionalizan el impacto de las decisiones del Estado sobre la ciudadanía. Conexo a esto, diversos postulados consultados en materia de derecho comparado, confirman que otras legislaciones que han implementado el modelo penal oral acusatorio, si ofrecen garantías de protección a la privacidad de los ciudadanos, siendo necesaria una actualización y humanización del ordenamiento jurídico penal colombiano en este campo, con miras a promover una legislación procesal penal mucho más garantista y armonizadas con las exigencias de la doctrina y el derecho internacional.

The present work proposed as objective: To highlight the importance of the implementation of judicial control prior to the affectation of the fundamental right to privacy in the Colombian legal system, the foregoing in the understanding, that the constituent established that said interferences are only possible prior Written order from the competent judicial authority, a guarantee that was imposed and regulated in conjunction with the right to personal liberty, however, contrary to the postulates embodied in the Constitutionality, the legislator endowed the accusing body with powers to autonomously restrict the exercise of this right, generating as a consequence of this a lack of knowledge of the mandate enshrined in the Magna Carta and a violation of the principles of judicial reservation, separation of roles and functions, objectivity and neutrality. Various antecedents consulted for the necessary development of the investigation, confirmed that the right to privacy enjoys special protection in international human rights law, where various pronouncements have highlighted the need to institutionalize the enjoyment of it, guaranteeing that In this way, the interference of the States in the personal affairs of the people, although it is correct to emphasize that the fundamental rights are not absolute but are in a plane of balance with the legal system and other interests of equal or superior relevance, their limitation only comes after respecting the guarantees that impose a limitation on punitive power and rationalize the impact of State decisions on citizens. Related to this, various postulates consulted in matters of comparative law, confirm that other laws that have implemented the accusatory oral criminal model do offer guarantees of protection for the privacy of citizens, being necessary an update and humanization of the Colombian criminal legal system in this field, with a view to promoting much more guaranteeful criminal procedural legislation and harmonized with the requirements of doctrine and international law.